Chile carece de un modelo sustentable de universidad pública en un mundo en que el conocimiento será la gran herramienta para asegurar un acceso a iguales oportunidades, a los frutos del progreso, a una mejor calidad de vida de las chilenas y chilenos en el siglo XXI.
La educación superior, como el sistema educacional en su conjunto, es un factor decisivo del éxito o fracaso del proyecto país, esto es, de la relación virtuosa entre su competitividad, su inserción internacional, su capacidad de lograr una distribución equitativa de los frutos del crecimiento, la estabilidad y solidez de sus instituciones y del perfeccionamiento de su democracia.
La misión de la universidad es ser conciencia crítica de la sociedad a la que pertenece, así como su tarea es producir y transmitir el conocimiento preparando nuevas generaciones para el desarrollo del país. Las universidades estatales están llamadas a contribuir sustancialmente a dichos fines, con especial orientación hacia la creación y promoción de bienes públicos como el pluralismo, la libertad y la tolerancia, elementos fundamentales en la construcción de la sociedad.
El advenimiento de la democracia en 1990 no trajo un correlato en un Nuevo Trato con las universidades, especialmente con las estatales, ni que decir de la Universidad de Chile. La separación de las sedes regionales, la eliminación de las áreas de la educación y la reducción de los académicos y de los recursos en Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, provocaron un daño que terminó por dañar el acerbo intelectual del país. De esta política ha resultado un paisaje muy heterogéneo de universidades estatales, carentes en muchos casos de una clara misión afín a su rol público, desconectadas en muchos casos también con sus contextos sociales y económicos locales.
Por lo anterior es que se hace incomprensible que el modus vivendis entre el Estado y las universidades, particularmente entre el Estado y sus propias corporaciones estatales no haya sufrido una revisión profunda desde que retornó la democracia al país en 1990, en particular el modelo de autofinanciamiento. Chile –en comparación con los países de la OECD– muestra grandes rezagos en la contribución de la sociedad a financiar sus universidades estatales.
Esto nos lleva a plantear el asunto principal: Las universidades estatales requieren una institucionalidad que establezca y preserve su carácter de universidad pública y de calidad, dejando muy claro que ambos aspectos son sustanciales e irrenunciables, ninguno de ellos subordinado al otro, para poder así contribuir específicamente con: calidad, diversidad y equidad en educación; investigación libre y del más alto nivel; transparencia y cumplimiento de objetivos; discusión abierta sobre nuestra sociedad y la construcción de la democracia; formulación de
políticas públicas en temas fundamentales del país
